La expropiación de Agroisleña, una iniciativa ecosocialista

Las autoridades locales y autonómicas de Canarias y el partido Coalición Canaria, con el apoyo de la prensa del pesebre, han emprendido una campaña contra la expropiación por el gobierno del presidente Chávez de la empresa Agroisleña, que ahora pasa a llamarse Agropatria. La medida es presentada como un atropello a una empresa fundada hace más de medio siglo por isleños, silenciando las razones de soberanía alimentaria y agroecológicas que la motivaron.

Como escribe el presidente Chávez en su página:

Teníamos que impedir a toda costa que el oligopolio Agroisleña siguiera extorsionando a nuestros campesinos con sus precios y con el elevado interés de sus créditos, amén de imponernos un paquete agrotóxico y ecocida trasnacional que deteriora nuestros suelos con productos de alta incidencia ambiental. Tenemos, entonces, que esta empresa ejemplificaba todas las perversiones del capitalismo.

(...)

La nacionalización de Agroisleña va a contribuir tanto en el abaratamiento de los alimentos, y con ello a la disminución de la inflación, como a la salvaguarda ecológica de nuestros suelos.

Tengamos presente lo que bien señala el destacado agroecólogo venezolano Miguel Ángel Núñez: Agroisleña tiene numerosos pasivos sociales, labores y ambientales. En realidad y en verdad al nacionalizarla estamos comenzando a saldar una deuda histórica con el campo venezolano.

Agroisleña y las empresas de su grupo mantenían el control en régimen de oligopolio del 95,88% de la importación de las semillas para la producción agrícola de cebolla, tomate y pimentón, del 30% (935 mil toneladas métricas) de la capacidad nacional de almacenamiento de granos, del 28% de la distribución de semillas de cereales y oleaginosas, del 59% de la distribución de agroquímicos y del 60% de la de fertilizantes.

Los fertilizantes eran adquiridos a la petroquímica pública PEQUIVEN a precio subsidiado y distribuidos a los agricultores con un sobreprecio de hasta 250%. Se financiaban del banco de Venezuela con préstamos al 8%, y concedían créditos para la adquisición de sus insumos al 13%.

La gran novedad que le da carácter histórico a la medida está en que se hace también por razones agroecológicas, como una forma de revertir la tendencia hacia la insostenibilidad en la agricultura venezolana desde que se impuso la revolución verde hace ya medio siglo. La empresa imponía el modelo agrotecnológico insostenible de alto nivel de insumos aprovechando la dependencia financiera y tecnológica de los pequeños agricultores. Si se accede a la página web de la empresa se puede comprobar que comercializan fitosanitarios peligrosos que ya han sido prohibidos en los países desarrollados:

• Organoclorodos como el Dicofol, empleado como acaricida, Pentacloronitrobenceno empleado como fungicida para hongos del suelo, Endosulfan como insecticida
• Defoliantes como el clorato de sodio, potente explosivo por cierto
• Fungicidas como el Benomilo, Metalaxil
• Herbicidas como el 2,4 D (conocido como el agente naranja empleado como defoliante en la guerra del Vietnam), Atrazina, Butacloro, Paraquat, o MSMA (de la familia de los arsenicales)
• Insecticidas como el Acefato, Aldicarb,  Fenthion, Paration o Permetrina. Asombra que el peligrosísimo Carbofurano (Furadan) sea todavía empleado como insecticida para el suelo y ¡¡¡ en pulverización para ser aplicado al follaje ¡¡¡

Es evidente que si el Gobierno Bolivariano tiene la intención, como proclama, de promover el uso de alternativas menos contaminantes para la producción agrícola, tiene que empezar por tomar el control de la cadena de distribución de fitosanitarios. Los campesinos venezolanos tienen a su vez que hacer un formidable esfuerzo en autoorganización y en formación para poder cambiar de modelo productivo.