El Urbanismo en Candelaria

No se entiende la historia urbanística de Candelaria sin dos hechos determinantes: la construcción de la central térmica de UNELCO en Las Caletillas en 1966 y la implantación de la empresa Promotora Puntalarga en régimen de monopolio de facto sobre la zona costera del municipio desde finales del años 60, primero como extractora de áridos y luego como urbanizadora.

La central térmica de Las Caletillas condicionó seriamente el desarrollo urbano de Las Caletillas, que comenzó siendo una de las primeras zonas turísticas de Tenerife pero acabó convertida en ciudad dormitorio del área metropolitana, con perspectivas de degradación, porque la zona ocupada por la central es el único lugar con que cuenta Las Caletillas para la construcción de dotaciones públicas o de zonas verdes, o para recuperar su vocación turística. Todavía la multinacional ENDESA pretende su ampliación mediante la instalación de un ciclo combinado con gas natural.

Promotora Puntalarga se vio agraciada por la complacencia de los poderes públicos como pocas empresas en países supuestamente civilizados: primero extrajo los áridos que se acumulaban en las cuencas sedimentarias de los barrancos de Chacorche y de Chipaz, sin control, sin licencia, sin que ninguna de las diferentes administraciones le obligara a cumplir la legislación preceptiva; luego edificó bloques de hasta once alturas sin que tuviera que ceder los viales ni zonas verdes correspondientes; luego le compraron los terrenos para esos mismos viales y le adjudicaron la contrata para ejecutarlos como obra pública. Todavía años después de haberse finalizado la edificación de Punta Larga no tienen a bien los constructores ejecutar el parque urbano correspondiente. Todavía el proyecto del Tren del Sur prevé que el intercambiador de Candelaria se construya sobre la antigua arenera del barranco de Chacorche, aprovechando la excavación para hacer varias plantas de aparcamientos subterráneos, canalizando el barranco mediante un túnel que pasaría bajo la estación (con el previsible riesgo de inundación), con un gran centro comercial y un plan parcial en los terrenos aledaños, destinado a convertirse en zona residencial privilegiada si alguna vez se ejecutara este intercambiador y se reactivara la actividad del sector de la construcción.



Intercambiador de Puntalarga y Avenida de Los Menceyes



Las normas subsidiarias de 1987 preveían, para un municipio cuya población nunca ha pasado de 27.000 habitantes, un incremento poblacional de 40.000 habitantes. El PGO promovido en 2005 por el actual grupo gobernante del PSOE, a pesar de reconocer en su memoria de información que el planeamiento ya partía “de una visión sobredimensionada de la capacidad real de crecimiento del municipio en el horizonte temporal de un plan general y, lo que es más importante, de la posibilidad incierta de dotarse de los servicios indispensables para asumir un crecimiento que puede dispararse hasta la desmesura”, propone suelo edificable para una población de 84.400 habitantes (triple que la actual). Gran parte del nuevo desarrollo urbanístico se prevé para los barrios de la parte alta del municipio, Barranco Hondo, Igueste, Araya, Cuevecitas y Malpaís, y en los aledaños de la carretera general. Cuando los responsables del grupo de gobierno municipal hablaban contigo del asunto, o incluso cuando exponían el PGO en público, decían que evidentemente la población de Candelaria no podía crecer tanto, pero que era una cuestión económica: la zona baja del municipio ya tenía la mayor parte del terreno acaparado por Promotora Puntalarga, y los pequeños y medianos constructores necesitaban que al menos se les permitiera urbanizar en la zona alta. Debe ser que estos chicos del PSOE entienden así el socialismo. No sólo lo decían verbalmente, sino también por escrito; en la contestación por escrito a las alegaciones que quien esto escribe redactó contra el proyecto de PGO, se permiten firmar que:

"la capacidad de crecimiento de los 80.000 habitantes no significa en ningún caso que dentro del margen temporal de los 15 años del PGO vaya a existir dicha población en el Municipio. Dicha cuantía se refiere únicamente al "suelo disponible" dado que una reducción excesiva de dicha oferta ocasionaría por efecto un aumento desmedido del precio del suelo y por ende del coste de la vivienda".

Argumento creativo éste de que la planificación urbanística está en función del precio del suelo. El precio del suelo depende principalmente de una serie de factores cuyo control no está al alcance del ayuntamiento de Candelaria, tales como los tipos de interés, las desgravaciones para la adquisición de vivienda, o las bonificaciones del régimen económico y fiscal de Canarias previstas dentro de la reserva de inversiones de Canarias RIC, que pueden hacer que, dependiendo de las circunstancias económicas, la mayor parte de la vivienda nueva se construya como inversión, aunque nadie la vaya a ocupar. Introducir el precio del suelo entre los criterios para la ordenación territorial supone, no ya reconocer que se planifica en función de la especulación inmobiliaria, sino institucionalizarla.

El PGO se redactó pensando que el boom de la construcción no iba a tener fin. En consecuencia el trazado de las vías públicas se proyecta en función de las nuevas urbanizaciones que en ese horizonte temporal de 15 años iban supuestamente a ocupar todo el municipio, con desprecio de las viviendas ya existentes. Es el caso de la carretera general del Sur a su paso por el municipio, que se ensancha hasta 22 metros en forma de rambla, afectando a numerosas viviendas que quedan fuera de ordenación.

22 unidades de actuación en los mencionados pueblos de Barranco Hondo, Igueste, Araya, Cuevecitas y Malpaís se clasificaban directamente como “suelo urbano no consolidado”, sin cumplir con los requisitos que la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias establece para el suelo urbano en su artículo 50, porque ni están transformados por la urbanización por no contar con acceso rodado (de hecho son “apertura de nuevas calles, que atraviesan las bolsas agrícolas interiores”), ni menos aún con agua, electricidad o saneamiento, ni están consolidados por la edificación. Ni siquiera han sido clasificados como asentamiento rural, seguramente por no tener las viviendas suficientes ni camino de acceso; o incluso ninguna vivienda. La razón de estas unidades de actuación era la apertura de nuevas vías y dotaciones a costa de los propietarios, fuera directamente o mediante un promotor designado. Por otra parte, la diferencia entre que un suelo urbano sea consolidado o no lo sea es que el consolidado tiene, además de lo mencionado anteriormente, aceras y alumbrado público. Como contestan por escrito los responsables del grupo de gobierno:

"en relación al crecimiento del suelo urbano sobre el suelo rústico, es precisamente el mecanismo de la Unidad de Actuación el adecuado para tal crecimiento, dado que a su vez las cesiones de suelo permiten dotar a los núcleos del Municipio de las dotaciones y zonas verdes de las que carecen".

Es decir, que el motivo de hacer urbanizaciones en las zonas rurales, multiplicando su población y acabando con el suelo rústico que queda, es conseguir más zonas verdes y más dotaciones para su población.

Unidad de Actuación BH-1, en Barranco Hondo

La ralentización de la actividad constructora está obligando a los responsables del urbanismo municipal a hacer modificaciones puntuales, separando actuaciones urbanísticas aisladas más pequeñas de las unidades de actuación mayores de las que inicialmente formaban parte: pretenden que se ejecute a cachitos lo que ya no puede hacerse de una sola vez, ni saben cuándo se podrá.

Un PGO tan desarrollista no podía salir adelante, ni ser reelegidos sus autores, más que en época de boom de la construcción. Ahora que las expectativas urbanísticas han cambiado drásticamente y que tantos vecinos, que se creían millonarios por tener muchos miles de metros cuadrados calificados como urbano, ven que de momento lo único que han hecho es pagar contribución urbana, puede haber llegado la hora de revisar este modelo urbanístico. Por ahora esta crisis la continúan pagando los mismos de siempre: el ayuntamiento ya no ingresa por licencias de obra ni por incremento de valor de los terrenos urbanos esas cantidades fabulosas de la época de las vacas gordas, pero lo palia en parte con la contribución urbana que percibe de los vecinos por tanto terreno que a efectos legales les figura como tal.